Quieren saber porque no funciona el sismógrafo de San Lorenzo
El secretario General de la Gobernación Ernesto Sansón deberá informar a la Cámara de Diputados sobre los convenios firmados y las obligaciones a las que se comprometió el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y que corresponden a la ley 5055 de diciembre del 2007.
Actualmente la oficina sismológica no está en funcionamiento y según se informara años atrás se debía a falta de presupuesto nacional.
En virtud de los últimos sismos que sufriera la provincia la diputada Virginia Cornejo presentó ante la cámara baja un proyecto para que se solicite al Instituto Nacional de Prevención Sísmica responda sobre el convenio por el que se comprometió a lograr el montaje, mantenimiento y operación de la o las Estaciones Sismológicas que estime conveniente instalar en el territorio de la Provincia de Salta y a prestar el asesoramiento técnico que requiera la construcción antisísmica, su codificación y contralor.
Sansón por su parte deberá informar sobre las obligaciones del instituto nacional para con la Provincia y que no son cumplimentados.
Asimismo se solicitará al InPreS remita periódicamente al Gobierno de la Provincia un resumen detallado de la información obtenida y sus conclusiones, y prestar el más amplio asesoramiento técnico, a solicitud expresa de la Provincia o los Municipios, sobre normas antisísmicas para proyectos de estructuras, verificación y contralor sobre planos de estructura desde el punto de vista antisísmico, normas sobre materiales de construcción y sus condiciones, normas para ejecución de estructuras, ensayos de materiales, ensayos de suelos, normas antisísmicas sobre planeamiento urbano y ensayos de estructuras realizadas desde el punto de vista sísmico.
El informe deberá incluir las causas por las cuales no funciona la estación sismológica de San Lorenzo. Especificando si las mismas son atribuibles a la Nación o a la Provincia.
En este sentido de solicitó al funcionario del gobierno provincial Néstor Sansón informe si se han verificado que los edificios públicos y privados de uso público, cumplen con las normas de seguridad vigentes y si se constatado que en cada uno de ellos existan vías de salida que aseguren su rápida evacuación, incluidos los que fueron construidos con anterioridad a la normativa del 1980.
La respuesta del funcionario deberá ser entregada en el plazo de cinco días y por escrito por ante la presidencia de la Cámara de Diputados.
Fuente: Nuevo Diario
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