En lo que va del año. El Tribunal Administrativo de Faltas informó que en lo que va del 2010 ya se recaudaron $ 454.000, por lo que se está avanzando a buen ritmo en este aspecto.
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> Noticias del Dia < |
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Un gran revuelo mediático a nivel nacional es el que ha causado el descubrimiento, por parte de un programa de televisión de Buenos Aires, de un aparato de aire acondicionado portátil, que fuera supuestamente donado por aquel programa para ayudar a las víctimas del movimiento de desplazamiento en masa que afectó a Tartagal en febrero pasado, en casa de un concejal de aquella ciudad salteña.
El concejal Hugo Torina, perteneciente al FPV (Fresco Pero Ventilado), se vio obligado a renunciar a su curul de palo santo (que no de marfil) luego de que los incisivos periodistas de aquel programa televisivo consiguieran establecer, mediante un sistema de rastreo a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que el refrescante objeto donado no se encontraba en el lugar supuestamente decidido por el donante sino en la casa particular del propio concejal.
En las últimas horas se ha informado que el señor Torina, no sólo ya no es concejal, sino que ha estrenado carnet de presidiario, ya que se encuentra detenido en la comisaría de Vespucio por un supuesto delito de corrupción.
Como tal descubrimiento, el realizado por el programa de televisión es un hallazgo más bien intrascendente. Sólo ha conseguido revelar, y a un costo bastante elevado, un caso de corrupción menor, muy menor.
No da la impresión de que el mismo programa de televisión estuviera igualmente interesado por descubrir los casos de corrupción mayor, a los que, sin embargo, parece tratar con un cierto temor reverencial.
Es muy probable que el ahora encausado concejal Torina no tenga defensa alguna y que su actitud termine mereciendo un justo reproche penal.
Pero por lo menos una cosa está clara. Y es que si bien parece demostrado que el señor Torina se refrescó a pata suelta de una forma ilegítima, porque el aparato no le pertenecía y su obligación no era quedárselo sino entregarlo, no se puede decir que haya “desviado” el destino de una donación, por cuanto esta donación jurídicamente no ha existido nunca.
Según el inciso 8º del artículo 1791 del Código Civil argentino no son donaciones “todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuitamente; pero no con el fin de transferir o de adquirir el dominio de ellas”.
De acuerdo con las afirmaciones de un periodista de aquel programa, “en abril, hace aproximadamente once meses, entregamos en Salta capital una donación de un colchón y de un aire acondicionado, para comprobar si realmente las denuncias que surgían aquí en Tartagal después del alud eran ciertas o no”.
De lo que se desprende que la “donación” de aquel programa de televisión no tuvo por finalidad ni ayudar a las personas damnificadas por el fenómeno natural, ni transferir la propiedad de aquellos bienes, sino simplemente “comprobar si las denuncias eran ciertas”.
Como estrategia periodística para sacar a la luz posibles casos de corrupción, es inobjetable.
Como acto jurídico, sin embargo, la “donación” ha sido una auténtica tomadura de pelo, al no haber estado motivada por un impulso de solidaridad hacia los salteños sino por otros fines, que podrán ser igualmente loables, pero que son definitivamente distintos.
A nadie con un mínimo de inteligencia le puede caber en la cabeza que es seria la donación de un aire acondicionado portátil de bajísima capacidad frigorífica “para una escuela”. Es lo mismo que regalar un encendedor para dar calefacción a un cuartel del ejército.
El procedimiento periodístico no ha traído alivio a los que sufren ni ha solucionado ningún problema de los causados por el alud de Tartagal. Sólo ha conseguido poner sobre el tapete una pillería de pésimo gusto, pero de insignificante cuantía, mientras -en cambio- ha inflado no sólo el ego sino también las arcas de los productores de aquel programa, transmitiendo al gran público la idea de que los salteños, además de corruptos, somos tontos a darnos con un palo. Sólo ha faltado que el periodista ensalzara a los corruptos (especialmente a los porteños) que, por ser inteligentes, no se dejan descubrir tan fácilmente.
Frente a esta constatación, es imposible alejar la idea de que la “trampa” periodística constituyó un abuso, similar al que se produciría si un bondadoso anfitrión decidiera disimular en la comida de su invitado una cámara de vídeo en miniatura para explorar su antro pilórico o para monitorear su peristalsis.
Uno de los principios rectores de la prueba, entendida como la actividad judicial encaminada a establecer la verdad jurídica objetiva, es que los elementos de convicción deben ser colectados de forma leal, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Es obvio que el caso del colchón con GPS incorporado debe ser tratado como lo que es, es decir, como una evidencia periodística y no judicial; pero nos permitimos dudar del carácter ético de un procedimiento de esta naturaleza, sin la intervención de un juez que autorice y controle el empleo de la tecnología para estos fines, y dudar también de que sea irreprochable que el programa de televisión haya hecho “caja” con este suceso antes de que la justicia hubiera podido intervenir para poner a cada quien en su lugar.
Lejos ya de las buenas intenciones del programa de televisión, su donación ha sido en realidad una donación cazabobos.
Con independencia de la indignación que pueda llegar a producir la forma de proceder del concejal de Tartagal, no debemos dejar de pensar que el interés periodístico en descubrir casos de corrupción no justifica el empleo de cualquier medio, y menos autoriza a montar un circo mediático antes de que la persona que aparece como responsable sea puesta a disposición de la justicia y tratada como corresponde.
Para ironías, la del periodista de este programa que dijo algo así como “tenga cuidado, porque usted puede estar durmiendo sobre un colchón con GPS incluido”.
Lo que lleva a pensar que, si además de GPS, el colchón estuviera equipado con un sismógrafo de bolsillo, los periodistas podrán saber no sólo las coordenadas del lugar en donde usted duerme la siesta, sino eventualmente qué otro tipo de alivio fisiológico practica usted sobre el colchón cazabobos.
Si además de estos dispositivos electrónicos el colchón llevase incorporado un medidor de PH, hasta se podría llegar a determinar si el concejal Torina, de noche, hace honor a su apellido.
Estas cosas también tienen un límite.
Fuente: iruya.com
Concejal Roque Rueda
Los concejales del Partido Propuesta Salteña (PPS) cursaron una nota al presidente del Concejo Deliberante, Raúl César Álvarez, quien también preside la Comisión de Labor Parlamentaria, solicitando que el proyecto ingresado como expediente 135-0236 “sea tratado en la sesión del día miércoles 10 de marzo”.
El mencionado proyecto propicia que el Concejo Deliberante de Salta declare la nulidad de tres resoluciones relacionadas con la puesta en funciones de la Defensoría del Pueblo y la designación de Álvaro Ulloa, dirigente del mismo Partido Propuesta Salteña, como titular de la misma.
“Sin entrar a hacer consideraciones jurídicas o políticas sobre el proyecto, las que expondremos oportunamente, estimamos que el asunto debe ser tratado en forma urgente, sin dilación alguna”, manifiestan los ediles de Propuesta Salteña.
Explican que, “en primer lugar, lo que está en juego es, ni más ni menos, la eventual nulidad de todo lo actuado por el Defensor del Pueblo en más de dos años de gestión”.
Los concejales citan como ejemplo las gestiones judiciales relacionadas con la inconstitucionalidad del aumento del gas y una serie de intervenciones en defensa de ciudadanos particulares, entre las que se cuentan varios procesos de amparo en los que se demandó a diversas obras sociales por falta de cobertura de prestaciones esenciales.
“Sea cual sea la resolución a la que el cuerpo arribe respecto del proyecto en cuestión, es indudable que el asunto debe ser resuelto de forma rápida, sin quedar sujeto a especulaciones de coyuntura política”, expresaron los concejales Roque Rueda y Virginia López, firmantes de la misiva.
Una nota similar y con el mismo propósito, fue remitida al presidente de la Comisión de Legislación General, concejal Ariel Burgos.
Fuente: iruya.com
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