Semanario Nueva Propuesta. La versión 2009 de la rebelión “azul” amenaza al gobierno y a la población. Otra vez ruidos de acuartelamiento policial

Una nueva y grave amenaza de extorsión surge desde las filas policiales provinciales, que se supone la constituyen quienes deben garantizar a ultranza la seguridad de nuestra sociedad. Al igual que el año pasado -y otras tantas veces- se acciona para crear la psicosis de un inminente abandono de toda una provincia cuyos ciudadanos, así, se convierten en rehenes para un “tira y afloje” -valga la expresión- salarial.

Luego de aquel “exitoso” autoacuartelamiento realizado en la gestión de Juan Carlos Romero, la fuerza policial vuelve proclamando su escasa paciencia, intemperancia y —tal como lo demostró el año pasado faltándole el respeto al propio gobernador Juan Manuel Urtubey, presiona por una suba salarial olvidando su compromiso de servicio esencial y ni hablar de la tantas veces proclamada “vocación” que seguramente inspiró fervorosos juramentos.
Al cierre de nuestra edición, aproximadamente las 19 de ayer, con un cálculo de cien efectivos presentes, daba inicio la Asamblea en la sede del Centro Policial Sargento Suárez, luego de haber rechazado la “Comisión Salarial” la oferta realizada por el gobierno provincial “dándole plazo hasta el mediodía para mejorarla”.

La “comisión de delegados” -como si se tratara de cualquier sindicato civil, se encuentra integrada por policías en actividad y retirados y el interlocutor con el gobierno provincial es el propio jefe de Policía, Humberto Argañaraz.
La solicitud consiste en un sueldo de bolsillo de un agente recién iniciado que llegue a los 2.300 pesos, con aumentos remunerativos y bonificables a partir del 1 de enero.
Desde el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ante la ausencia del ministro de Seguridad Pablo Kossiner quien se encuentra de vacaciones, el ministro de Finanzas Carlos Parodi reiteró al mediodía la propuesta inicial teniendo en cuenta la medida dispuesta de que todos los agentes del estado cobren los aumentos salariales retroactivos al mes de enero. O sea que técnicamente los efectivos de seguridad ya estarían cobrando sus salarios con el aumento establecido consistente en 1.900, un incremento, que ahora ronda el 12%. Desde la Jefatura Policial -en un intento por abortar la medida de fuerza- se dio a conocer una resolución que repite la cantinela jamás cumplida por los gobiernos en el sentido que “día no trabajado no será pagado”, además de un memorando donde se comunica a los policías que deben presentarse en las comisarías en la que revistan el jueves a las 20 para “recibir directivas”.
Los sectores más rebeldes e iracundos del sector anticiparon que iban a proponer, si la propuesta del gobierno no satisfacía a la fuerza policial, “una medida de fuerza con la modalidad de autoacuartelamiento”.
Los más moderados y obviamente aquellos que entienden que una fuerza de seguridad no es un sector laboral común sino por el contrario muy especial dada su condición de servicio esencial, pensaban plantear una aceptación de la oferta del Estado Patronal para continuar con las negociaciones hasta el mes de mayo.
No se hizo esperar la réplica de los “duros” argumentando que “la urgencia en la medida de fuerza obedece a que las negociaciones vienen realizándose desde el mes de diciembre” por lo que lisa y llanamente se propone reeditar las ya tristemente célebres rebeliones policiales en la provincia de Salta.
Lo que la sociedad también exige por cierto es que el gobierno -su gobierno- actúe con firmeza fiel al compromiso con el conjunto de la sociedad.
Fuente: Semanario Nueva Propuesta

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