Semanario Nueva Propuesta. La tragedia de Orán. Los calabozos del espanto. Por Nestor Molinati

Este es un descarnado informe periodístico que desnuda lo ocurrido en la Comisaría 20 de Orán. Este semanario ya había advertido en oportunidad de un anterior suceso similar acontecido el 25 de octubre de 2006, cuando cuatro menores detenidos perecieron calcinados en la misma comisaría, que si no se adoptaban urgentes medidas el hecho podía repetirse. Lo que fatídicamente ocurrió en la última Navidad.

Entonces advertíamos…

Comentario del cierre de la nota publicada en Nueva Propuesta con motivo de los sucesos del día 25 de Octubre de 2006 (“Cuatro detenidos muertos calcinados en la comisaría 20 de Orán” -La Celda de la muerte-):
“…Así las cosas, todo indica que el caso de los menores fallecidos en la Comisaría 20 de Orán tomará ribetes insospechados donde se evidenciarán actitudes reprochables, cuanto no delictuosas de ciertos personajes que han actuado con desidia y de otros que pretenden ocultar la realidad de los hechos, o que desean permanecer protegidos por la impunidad, pero que deberán responder ante la Justicia, ya que seguramente existen también quienes están dispuestos a esclarecer lo ocurrido y se comprometen a llevar adelante una investigación seria, descubrir a los responsables de éstas muertes y adoptar las medidas para que estas tragedias jamás se repitan…”

Pasó el tiempo y nuevamente la tragedia, con seis menores muertos sumados a los cuatro del año 2006. Hechos ocurridos en la misma dependencia policial, que nos obligan a realizar duros comentarios que no podemos soslayar.
Si bien es cierto que se trata de una deleznable metodología policial que se viene trasmitiendo a través de diferentes épocas, jefaturas y gobiernos, no se puede soslayar la responsabilidad de las actuales autoridades provinciales, ni tampoco la de jueces de menores que alojan a éstos conjuntamente con personas mayores, profesionales del delito, con regímenes diferentes y a cargo de personal policial no instruido para tratar con presos.
En todo caso, el desafío para ésta administración provincial está en modificar el sistema y para ello deberá disponer medidas inmediatas y profundas.

No es ningún secreto de que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) analiza efectuar una presentación ante la Justicia y pretende llegar si es necesario hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya se expidiera en otra presentación efectuada por la muerte de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, condenando al Estado bonaerense a pagar daños y perjuicios. Fallo en el cual también exigió que en todos los institutos y lugares de detención se utilicen elementos ignífugos porque el Alto Cuerpo de Justicia entendió que es responsabilidad del Estado “todo lo que pasa dentro del penal”.
El CELS respecto de ésa sentencia explicó que “este fallo demuestra que las muertes en el marco de incendios desatados por quema de colchones no es excepcional. El Estado es reincidente”.

El fallo de la Corte Suprema condenando a la provincia de Buenos Aires sentó un importante precedente aplicable a todas las provincias.
La realidad indica que los lugares de detención deberían contar con colchones ignífugos, y regirse por las mismas reglas básicas de seguridad que se estipulan para geriátricos, jardines u hogares de menores, Si no se hace es concretamente una desidia del Estado que prefiere comprar poliuretano porque es barato.

Los colchones que matan

Es verdad que los colchones ignífugos son muy caros (su precio se estima en $1.000 cada uno) y que en Salta éstos colchones no se fabrican.

Una investigación llevada a cabo por el autor de ésta nota revela que la fabricación de colchones de dichas características está reservada a una sola firma comercial en la Argentina y su costo es muy elevado, esto sumado a la escasa demanda existente hace imposible su fabricación y comercialización por las colchoneras locales.
Una de las soluciones propuestas por el Gobierno provincial es la de efectuar la compra de 600 colchones de “efectos retar-datarios” al fuego, es decir podrán morir algunos reclusos pero no tan rápido.

Además debe quedar bien en claro que los presos que mueren por la quema de colchones fallecen intoxicados y asfixiados por el humo antes que por las quemaduras. Esto sucede por el poliuretano de los colchones de espuma que, al quemarse, producen ácidp cianhídrico, que es el que mata a las personas que lo aspiran.
Cabe aclarar que el ácido cianhídrico es un potente químico que inhibe la respiración, muy venenoso y altamente volátil, es decir de dificil expulsión del aire en que se pueda encontrar una persona.
Todo esto debiera saberlo un funcionario, sin necesidad de peritaje posterior, porque si los colchones de la comisaría de Orán fueron “retardatarios”, aunque debieran terminar quemándose, debieron dar tiempo para la evacuación.
¿Lo sabían quienes actuaron durante la revuelta de los adolescentes?
Las autoridades también deberían saber que existen colchones de estopa y con tratamiento de sales que, si bien no evitan el incendio, no producen humo tóxico, Queda en claro entonces que se evidencia en la falta de conocimientos y preparación de noveles efectivos policiales, entrenados para funciones de seguridad pero no para custodiar a presos o detenidos en las dependencias policiales.
Seguramente el personal capacitado en el trato con detenidos, egresado de la Escuela del Servicio Penitenciario hubiera sido la mejor opción para sofocar cualquier motín o revuelta ocasionada por los adolescentes de Orán en la (ya tristemente famosa) Comisaría 20, pero las autoridades policiales no les permitieron actuar en esta circunstancia (¿?), punto que debe imperiosamente investigarse.

Los hechos y sus puntos oscuros.

La jueza Norma Vaca dispuso imputar a los policías José Arancibia y Alvaro Mansilla por los hechos calificados como “Estrago doloso” y lo trascendido a la prensa resulta impactante.
De acuerdo a las declaraciones de los sobrevivientes de la tragedia, un efectivo policial introdujo bebidas alcohólicas y cigarrillos a las celdas donde se alojaban los menores detenidos, organizando una “fiesta” que in incluía consumo de bebidas, bailes y hasta algunos requerimientos sexuales entre policías y menores presos.
La facilidad con que se introdujeron éstos elementos, que fueron luego los que finalmente ocasionaron la tragedia, nos lleva a pensar seriamente en un resquebrajamiento de la disciplina insospechable, que se viene manifestando en otros hechos similares ocurridos en dependencias policiales.
Si el cuerpo policial y los organismos del área son incapaces de conocer las condiciones en que ellos mismos actúan, las capacidades operativas, las infraestructuras y hasta la dinámica para combatir el delito, es que no se han cumplido con elementales normativas de funcionamiento de éstos organismos, entre ellos la inspección interna a la que son tan afectos los integrantes de los cuerpos de seguridad.
Un Ministro de Justicia y Derechos Humanos no puede desconocer si los elementos de un lugar de detención son seguros para los presos y para los mismos policías que cumplen funciones y máxime si se tiene en cuenta la tragedia anterior de 2006, y por si fuera poco terminar afirmando públicamente en los medios de difusión que espera conocer mediante las pericias la condición de ignífugos de los elementos incendiados. Las contradicciones parecen estar al día con desafortunadas especulaciones y apreciaciones de algunos funcionarios.
Se reitera en cada palabra que los menores fallecidos estaban acusados de homicidio o eran de alta peligrosidad, como si estas condiciones tuvieran que ver con la tragedia en sí, que, insistimos hasta el cansancio, en el mismo escenario y con protagonistas similares reprodujo la de 2006 que dejó descubierta una larga cadena de irresponsabilidades de las que nadie se hizo cargo.
Justamente hace unos meses, ya en la actual gestión y siendo ministro de Justicia Nicolás Juárez Campos se ordenó una investigación de aquel hecho ocurrido en 2006, la que fue iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos sin resultados hasta la fecha y de la que habría que preguntarse, producidos los cambios en su ministerio, si aún continúan las actuaciones en ése sentido.
Ello estaba fundamentado en que existía el pleno convencimiento de que los errores advertidos en la institución policial deberían subsanarse de manera urgente.
Curiosamente un manto de silencio ocultó los sucesos del 2006 en la misma dependencia y aparentemente se apuesta a la prescripción de una causa que parece no haber sido responsabilidad de nadie.
En éste caso del 2008, el ministro Pablo Kosiner fue mucho más expeditivo que su antecesor, al declarar textualmente que “los jóvenes fallecidos en Orán que iniciaron la revuelta, mostraron un gran desprecio por la vida, y exigían su libertad si no se iban a autolesionar”.

El Juez de Garantías

El Juez de Detenidos y Garantías, Dr. Armiñana Dohorman, realmente hoy no ofrece ninguna garantía para los detenidos. Y si piensa que no es así, que se lo explique a los padres y familiares de las víctimas.
Es difícil imaginar qué actitud puede asumir un Juez designado para garantizar la seguridad de los ciudadanos detenidos, cuando en una misma dependencia policial se le mueren 10 menores presos en un lapso de dos años. Sobre todo si luego de ocurrido e1 primer hecho debió exigir colchones ignífugos y adecuada internación de los menores hoy fallecidos. Más aún si la muerte de los mismos desnuda una serie de irresponsabilidades cometidas por sus custodios. Sin embargo el Juez en cuestión guarda un religioso silencio, a la espera y confiando de que finalmente la prensa se olvide de su existencia.
Para éste magistrado no existen apremios ilegales que quedan evidenciados cuando los detenidos son conducidos a la Alcaldía Judicial con signos de golpes o torturas. No aparece públicamente cuando se denuncian atropellos en dependencias policiales ni reclama acelerar los trámites judiciales en notorios casos de abusos cometidos por efectivos de la fuerza.
Su actuación, en extremo silenciosa para la prensa, sólo se divulga cuando realiza alguna que otra visita a los institutos de detención sin sentido práctico y como para justificar la creación del juzgado de marras.
Tampoco interviene éste Juez de Detenidos y Garantías cuando la autoridad ministerial, refiriéndose a los menores fallecidos, trata a los mismos de “peligrosos homicidas y delincuentes” a quienes finalmente resultan ser víctimas que estaban a resguardo y en custodia -en teoría- de la policía en su papel de auxiliar de la Justicia. Sería bueno que el ministro Kosiner informara de cuántos homicidios fueron autores los adolescentes que perdieron la vida, puesto que en la crónica policial, que como periodistas habitualmente consultamos, dichos crímenes no aparecen en la zona.
La “alta peligrosidad” de los detenidos no debería ser esgrimida bajo ningún pretexto para eludir responsabilidades. La realidad nos demuestra que los detenidos en Salta no cuentan con el seguro amparo de la Ley y que éste Gobierno provincial deberá enfrentar una implacable lucha para regularizar

la situación. Recordemos que la permisividad la falta de una firme conducción en el trato policial han demostrado que existe complicidad de miembros de la fuerza en hechos delictivos de gran repercusión pública. La Policía de Salta no es la mejor del, mundo, como pomposamente se pretende mostrarla, pero cuenta con valiosos efectivos de gran vocación de servicio y utilidad pública, que dignifican a la institución. Y como en todo organismo también existen quienes se empeñan en desacreditarla continuamente y alcanzan las altas jerarquías amparados en poder político y/o en pactos de inmunidad que terminan siempre en hechos de impunidad.
Todo ello se debe condensar en una política de seguridad que brinde tranquilidad a la comunidad y en una conducción que garantice orden en la fuerza policial, únicos requisitos exigidos por los ciudadanos. Para que no existan dependencias policiales con el personal totalmente comprometido con el secuestro y muerte de un humilde productor, por nombrar un ejemplo. O yendo directamente al caso que hoy abordamos, para que no se mueran calcinados seis menores en una comisaría.
Esta nueva novela de terror debe tener un final diferente. Así lo exige la sociedad.

Fuente: Semanario Nueva Propuesta.

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